Al arribar al Ministerio de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad, Lisandro de la Torre, se encontró con peculiares situaciones que debió enfrentar, muchas provenientes de la gestión anterior, como es el caso del Observatorio de Seguridad Ciudadana, debido a que “no era ingenuo el uso de las herramientas del Estado, las que se utilizaban de manera tal que los cargos políticos terminaban siendo contratos. Entonces, conocimos que había un cúmulo de gente que estaba ejecutando un trabajo y no un cargo, más allá que habían ingresado por un cargo político y nos vimos en la tarea de abordar esto, inicialmente”, recordando que en el Observatorio tenían: “personal policial y  treinta civiles que estaban dentro de la estructura de lo que era el Observatorio, con cargo político”, siendo la decisión del Ministro de Gobierno, contenerlos y trabajar con ellos, a pesar de que el 60%, no había culminado sus estudios secundario: “Es decir, no se cuenta con el personal idóneo para un órgano netamente técnico, y en la instrucción policial pasó lo mismo, porque durante muchos años se ingresó a la institución policial, no solamente sin tener el secundario, sino que los requisitos de ingreso fueron quebrantados de todas las formas posibles y así  hubo incorporaciones que se excedían en la edad, sin haber aprobado los test psicológicos, sin tener el secundario completo, sin determinadas herramientas que son básicas, a la hora de proporcionarlo, pero no solo porque lo disponga la ley, sino porque se requiere de determinados conocimientos, para comenzar a hablar de otros conocimientos”, una base.

Mientras que en otros países, para ingresar a la carrera policial se debe cursar una licenciatura, para ser parte del personal activo, en Santa Cruz se exige como requisito mínimo, el nivel secundario: “requerimiento que no se cumplió, cuando hace veinte años atrás era una condición sine qua non”, lo cual se vulneró. A pesar de ello, De la Torre y su equipo, aceptan “una Institución Policial donde se trabaja de manera muy profesional”.  Una realidad que se analizó al discutirse: “sobre qué clase de Ley íbamos a adoptar y en qué cuestiones íbamos a avanzar. Entendiendo que  nuestra Policía por naturaleza, es de proximidad y de cercanía, porque a diferencia de los grandes centros urbanos donde hay un efectivo cada 500 habitantes, y siempre se aspira a que haya un efectivo cada 110 o 130 habitantes, acá contamos con uno cada 57 habitantes, es decir teníamos dos efectivos por cada uno, lo que aspira cualquier Policía”, pero lo que ocurre es que en realidad: “no cuentan con la formación adecuada”, algo que quedó constatado el año pasado cuando se envió a 800 efectivos a hacer cursos de arma y tiro para portar armas de fuego, y aprobaron sólo 176, debido a que la mayoría no pasó los test psicológicos y otros tanto no alcanzaron los conocimientos necesarios como para hacer uso de armas de fuego.

El personal de Protección Civil realizó cursos de RCP (Resucitación Cardio Pulmonar), en respuesta a la solicitud de la localidad de Las Heras: “entre otras cosas pidieron,  capacitación como Seguridad Vial, Protección Civil y determinadas cuestiones”. Es por ello, que la Secretaria de Seguridad Vial llevó adelante cursos relacionados con esta temática, focalizándose en la concientización y todo lo indispensable a la hora de hacer controles más eficaces, así también cómo se debe actuar ante un siniestro, y por otro lado también de las técnicas de RCP, primera respuestas y los primeros auxilios, señalando que se produjo una situación peculiar, cuando “un efectivo, que participaba del curso y aplicaba las técnicas sobre un maniquí, se le bajó la presión. Imagínense lo que sería una respuesta ante una persona”.

Por lo expuesto, y ratificando los conceptos del Jefe de Policía, el Comisario General (R) José Luis Cortés, que “fueron tergiversados, hay efectivos que están muy capacitados, muy idóneos para el cargo, de hecho hay gente que tiene mucha calificación para los lugares que ocupan, pero surge un problema, como decía el Ministro, fueron personas que se llevaron al hombro, la institución”. Revelando que la presencia de personal calificado y del no idóneo, hace que en la institución exista un importante desnivel del recurso humano.

Explicando que la Institución se caracterizaba por tener “determinados valores que se perdieron, al pasar de una etapa de totalitarismo a un libertinaje total, perdiéndose determinados valores que hay en los puntos medios, como el respeto a la autoridad”. Son problemas que observa el Jefe de Policía: “y que lo colocaron en el ojo de la tormenta, manipulando sus dichos”, resaltando que “hay un gran trabajo de mucha gente, que se viene desarrollando desde hace años y lo que se intenta es darles el espacio para que sea un agente multiplicador”. Asegurando que “con la Ley de Seguridad, no inventamos la pólvora, de hecho sabemos que doctrinariamente podíamos haber avanzado más, inclusive. Pero se optó por tomar el contexto de la Provincia y avanzar con determinados cambios en lo que son los paradigmas nuevos de la Seguridad Pública, y de esta forma que deje de ser un mérito de la Policía o un déficit de la Policía”, explicando que “al volcarse toda la seguridad, en manos de una institución que es por naturaleza del Estado, éste deposita la legitimidad y la legalidad en el uso de la fuerza en la institución policial, lo que acarrea cuestiones que se deben analizar”.

LOS QUE SE OPONEN

No todos están conformes: “Algunos salen a bipolarizar, como salió Barrientos, a decir que se quiere volver a la dictadura. No, yo no quiero volver a la época de la dictadura, lo que queremos es que determinados valores que estaban antes y que hoy se perdieron, se empiecen a adoptar”, agregando que “la Gobernadora tomó la decisión política, con el Ministro de Gobierno Fernando Basanta, de mantener a ese personal, cuyo ingreso vulneró los requisitos” y que no está capacitado para usar un arma de fuego, pero aseguró “nosotros cerramos los números con la gente adentro, no queremos sacar a nadie. Por eso, a ese personal lo recapacitamos, lo reentrenamos, para que vuelva a tener nociones básicas procedimentales y de aplicación profesional para el ejercicio de sus funciones, con la población de Santa Cruz”.

EL POR QUÉ DE UN CENTRO DE REENTRANAMIENTO

La incoherencia de que la provincia de Santa Cruz esté adherida a los protocolos de uso racional de armas de fuego y de uso racional de la fuerza, creado en el año 2012: “sin embargo los efectivos no lo conocían, ni siquiera los oficiales superiores, porque eso no se replicó. Es por ello que creamos el Centro de Reentrenamiento Policial”.

La carrera de Derecho le permitió a Lisandro de la Torre tener una visión técnica de cuestiones relacionadas con el accionar policial, por eso al ser convocados por este Gobierno, comprendió con su equipo de trabajo que “La orgánica de Policía era una ley muy vieja. Pero, cuántas reformas policiales fracasaron a lo largo y ancho del País… casi el 98 por ciento. Entonces, al plantearnos una posible reforma policial, consideramos que iríamos al fracaso y decidimos generar un diagnóstico”, a pesar de no contar con una base de datos, ni escalafonamiento, ni datos concretos de cuantos efectivos bomberos, penitenciarios había: “Tenías que ir a cada dependencia y que cada una te pase el listado, que se tardó un tiempo importante, para tener un diagnóstico, sobre el que se trabajó”, inclusive hasta el consumo real de combustible.

LOS BENEFICIOS DE REORDENAR GASTOS

El Secretario de Seguridad, señaló que lo que se hizo fue “reordenar el gasto policial, algo que se pudo haber hecho en gestiones anteriores”, y explicó que se determinó el destino de los fondos y en qué se invertía: “si iba, efectivamente, al personal policial”.

Unos de los ejemplos fue la propia escuela de Policía, en donde el Subsecretario Luca Pratti constató que se le vendía comestibles a un precio más elevado, del que existía en cualquier supermercado y debió sentarse: “con cada uno de los proveedores”, mejorando el servicio de catering: “Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario de la Provincia, la situación de las alcaldías, en donde se reorganizó por completo”. Otro reflejo de este sistema es la VISA FLOTA: “que ya se empezó a implementar la segunda etapa del uso de combustible en la Institución”.

Recordó que el año pasado: “Decían que veníamos a recortar el combustible. No, cualquiera que conoce un poco de la historia de la Policía, sabe que esos medios se utilizaron para cuestiones que no deberían haberse usado”, manifestando que “hubo comisarios procesados y con una causa penal. No sé cómo habrá terminado esa causa, porque fue mucho antes que llegáramos, pero sí, encontramos que el recurso no era eficaz. Tenía $1.700.000 (Un millón setecientos mil pesos) para todos los FOP de la Provincia y sólo en combustible, en Río Gallegos, tenía $1.200.000 (Un millón doscientos mil), entonces entendimos que algo no estaba bien y comenzamos a trabajar en la reasignación de los recursos, en el direccionamiento”.

El Fondo Operativo policial es una caja chica, se asigna a todas las comisarías, se ejecuta y se rinde de manera mensual: “el año pasado, en una reunión de plana, los jefes de Unidades Regionales nos dicen, tenemos las dependencias nuevas que crearon en la gestión anterior, que no tienen FOP, y tenemos un par de dependencias a las que hay que aumentarles”, motivo por el cual Pratti se reunió  con la gente de Logística, Administración, y los jefes de Unidad Regional quienes: “reportaron cuales eran las necesidades y sobre eso se evaluó, logrando readecuar e incrementar casi todos los FOP de la Provincia”.

De la Torre dio a conocer que aumentaron a todas las dependencias el FOP, e hicieron lo propio con aquellas que tenían mayor población carcelaria, las alcaldías. Pero, también le asignaron un FOP a la Unidad Regional Sur: “porque queremos que la Jefatura sea de toda la Provincia y no de la Unidad Regional, porque antes, esta unidad se proveía de la Jefatura, y surgía un doble problema, por un lado la dependencia económica y por lo tanto respondía a alguien en términos económicos”. Hoy, el edificio de la calle Cte. Luis Piedrabuena destina sus fondos “al funcionamiento, los viáticos y los aplica en toda la Provincia, entonces tiene una mirada más integral del resto de la Provincia, y con el sistema de las tarjetas que se implementó para el combustible, se centralizó”, indicando que estos cambios deben ser graduales, a fin de evitar el fracaso y por ello se inició en Río Gallegos para luego integrar a toda la Provincia.

El funcionario aseguró que esta implementación deja un beneficio doble,  el estar atentos al manejo del combustible, indispensable para las áreas de respuesta inmediata en la institución policial, dejando así de ser un problema de manejo administrativo: “es más transparente porque está registrado en el banco”, y se redujo el gasto: “hay un margen menor. Funciona de la misma forma y mejor, porque hacemos controles”.

UN CONTACTO MÁS ESTRECHO

Desde la Secretaría de seguridad se insiste en el patrullaje constante: “Es una lógica distinta y así coincide el Ministro de Gobierno, pero en las localidades chicas, yo soy más propenso a la ronda que al patrullaje, porque éste es simbólico y constituye una respuesta rápida, ahora si se quiere generar un impacto, lo haces con la rondas. Como el patrullaje es por cuadrícula y gradual, entonces un patrullero que pasó, dentro de quince minutos no va a volver a pasar, por más que tenga doscientos mil patrulleros, en cambio cuando hay efectivos a pie, aquél que quiere delinquir no sabe cuándo aparecerá el próximo”, generando por una parte, una eficaz respuesta al delito, pero además, es una forma de “recuperar el respeto al uniforme, porque el Policía en un patrullero, pierde el contacto con la gente, cuando lo cierto es que esta interacción es necesaria a su tarea, y eso es de la vieja escuela, el sentirse contenido, al saber quién es el policía que pasa siempre.

EL ROL DE LA MUJER

Si bien, vienen ascendiendo mujeres en la Policía, adelantó que: “Este año se tienen que graduar los ascensos de las futuros comisarios y es que por el cupo de la Ley de Seguridad Pública se va a evaluar el cupo femenino en áreas de comandancia, por primera vez”, siendo el primer antecedente en la década del 90, cuando ingresó el primer cupo femenino de oficiales.

Existen efectivos femeninos que se han ido perfeccionando y: “lo que tratamos de hacer es generar los espacios para que estas profesionales que se formaron en la institución, estén en esos lugares. Contamos con una subcomisario que se capacitó en el Grupo Halcón, entre otros ejemplos”.

LA ACP

La primera vez que el Gobierno mantuvo un encuentro  con la gestión anterior de la Asociación Civil Policial, la conversación se centró en el Observatorio de Seguridad Ciudadana y ese encuentro sirvió para informarles que ese organismo técnico, pasaría a manos civiles porque hasta ese momento, fue un “lugar para rejuntar contratos y no cargos”, cuestión que para el Secretario quedó constatado al solicitar los resultados sobre lo que ya se había trabajado en el Observatorio: “me trajo un boceto de lo que se estaba empezando a trabajar, es decir, no hicieron nada”, pero además tenía rango de Subsecretaría: “de jerarquía política, cuando es un área técnica. Lo hicieron adrede, devaluando la propia creación y terminó siendo un logro de aquellos que ganan en la conflictividad-, porque hay gente que necesita de la conflictividad para ganar poder, responsabilidad”, entre otras cosas.

 Recordó que hace cuatro o cinco años, la Policía de Santa Cruz se venía auto acuartelando: “casi sistemáticamente, logrando que un puñado de gente tenga mayor acceso al poder, pero sin lograr que haya chalecos, armamentos, capacitación, o que restrinjan los ingresos irrestrictos”, acusándolos de predicar con la palabra, no así con las acciones, siendo “los principales beneficiarios de las capacitaciones”, pero además, la Asociación de Policía contaba con un presupuesto, proporcionado por la gestión gubernamental anterior, de más de $1.000.000 (Un millón de pesos) para ejecutar, algo que el Gobierno Provincial actual decidió no continuar con esto. La determinación, no significó que peligre la continuidad de la asociación: “no la vamos a tocar, solo que actúen como asociación, lo manejan ellos. Ahora, el que es Policía en funciones, cumple el rol de policía y el que quiera cumplir el rol de una asociación, lo hace fuera del horario de servicio”. Dio a entender que no se pretende entablar un enfrentamiento con la Asociación.

SE ROMPIÓ LA CADENA

No es la primera vez que se menciona que dentro de la Fuerza se perdió la cadena de mando y la cartera de Gobierno no es ajena a esto: “evidentemente, la ruptura de la cadena de mando se originó, en algún punto, por esa falta de mando”, porque si nadie puede recibir las demandas de la dependencia: “quiere decir que no hay cadena de mando. Entendiendo que la misma, no solo es de utilidad para el cumplimiento de las ordenes, sino para conducir y poder contener los déficit que tenga ese personal”, siendo probablemente la propia oficialidad en su momento, quien haya generado la ruptura. Es por ello que al Centro de Reentrenamiento también asistirán los oficiales.

De La Torre, reiteró que la intención de la Secretaría de Seguridad es que “la Policía sea cada vez más profesional, que se respete la cadena de mando, por una cuestión de legalidad y legitimidad y que se construya. Porque ellos la tienen que construir y eso tiene que ir atado a una carrera y esta no puede ser estancada” y para ello está convencido en la necesidad del escalafonamiento: “Mediante el cual, uno hace carrera y se deja de usar como un castigo, porque esa metodología no es conducir, y se termina debilitando la cadena”, quizás este método acabe con las intrigas y el cotilleo que dañó a la Institución Policial.

LOS PROCESADOS POR QUELÍN

En cuanto a la situación de los 137 efectivos de Las Heras que fueron procesados y embargados por el Juez Quelin, dijo: “depende de la Justicia. Por una cuestión de respeto, no puedo opinar de otro poder, como lo hizo en su momento la candidata por  “Cambiemos”, abogada defensora que optó por hablar, antes de ir por la vía recursiva, que era lo que tenía que hacer”.

Si hay algo que molestó, fue que los integrantes de la Asociación Policial al finalizar la medida de fuerza, se presentaron en la Jefatura para pedir el indulto, algo que se rechazó, abriéndose sumarios “que se aplicaran en la justa medida. Está bien, el Estado te tiene que dar determinadas herramientas, pero están en un área institucional donde se da la racionalidad en el uso de la fuerza, de un Estado de derecho, no están en cualquier lugar, y agregó: ·”la dicotomía que nos planteaba Monsalvo”, si son trabajadores o funcionarios policiales, constituye una falsa dicotomía para De la torre: “porque un funcionario público trabaja, pero no deja de ser funcionario, es una falsa dicotomía para salir en una vía discursiva, pero no es una dicotomía. Toman a medias un concepto de Zaffaroni, amparándose en eso para hablar de gremialización”, y recordó cuando el año pasado, la ACP decidió la retención de tareas: “pedían la fecha cierta de pago y cuando salió el Jefe de Policía a comunicarlo, no contentos con ello, siguieren casi tres semanas más con la medida de fuerza, ahora reclamando demandas históricas de la Institución Policial”, temas que ya había hablado con la asociación: “les había dicho, no voy a salir a comprar cinco mil chalecos, también lo dije en Las Heras, porque voy a estar malversando caudales públicos porque de los más de los 5.300 efectivos, los bomberos, los penitenciarios y los administrativos, no requieren chalecos. Una vez con los datos recabados y el escalafonamiento, que se viene propiciando y que saldrá próximamente, se adquirirá de chalecos antibalas”.

 Además, explicó que en la gestión anterior, la ACP tenía más llegada que el propio Jefe de Policía, y seguramente eso explicaría el $1.000.000 (Un millón de pesos), destinados por el Gobierno de Peralta a la asignación de recursos de la Asociación Policial, el reclamo de un proveedor por una fiesta de la ACP por un valor de casi $50.000 (Cincuenta mil pesos) más o menos, para siete o doce personas, y como si fuera poco el pago de viáticos, alojamiento y comidas a aquel personal que venía del interior a participar de una asamblea.

PROTOCOLO PARA ACCIDENTES LABORALES

También recordó al efectivo que durante un tiempo estuvo acampando fuera de Casa de Gobierno, en protesta porque se lo había sacado de la fuerza: “En realidad, lo cesantearon y nunca dijo que fue sumariado, mucho menos por qué”. Pero también reclama por un accidente laboral que se le adeuda. Al respecto Lisandro de La Torre explicó que a la llegada de su equipo a la Secretaría, constataron que “prácticamente no se tramitaba nada, entre ellos los accidentes laborales. Los accidentes laborales estaban mal hechos, y debimos iniciar sumarios, de forma separada, para no frenar los expedientes”, y se readecuaron todos los trámites, se constató las áreas que debían haber prestado funciones y no lo hicieron, y por lo tanto, el Ministro,  la Gobernadora y el Secretario de Seguridad, decidieron congelar los casos y así: “se les va a pagar lo que se les había notificado porque genera un derecho adquirido, en derecho administrativo y en forma separada se iniciaron los sumarios para que se investigue”.

Ante este tipo de irregularidades se trabajó: “en un procedimiento, con los abogados de Gobierno y de Jefatura, que a su vez se reunieron con los letrados del ISPRO y con los de la Secretaría de Trabajo y hoy contamos con un protocolo para el procedimiento en los accidentes de trabajo, hace un par de meses atrás”.

AUMENTO SALARIAL

El Secretario de Seguridad rechazó que se les aumente el salario a la superioridad, pero admitió que el año pasado, se trabajó en cómo serían los impactos: “mandamos a hacer distintos impactos pero siempre sobre el personal porque por ejemplo, un agente en alta en comisión, cobra, $19.700 (Diecinueve mil setecientos pesos) y un comisario común, cobra $33.500 (Treinta y tres mil quinientos pesos). El agente puede hacer adicionales y con que realice, $6.000 o $7.000 ya queda al lado del comisario, que no puede hacer adicionales, no puede hacer nada y sin embargo, tiene mayores responsabilidades. La realidad es que cualquier efectivo hace adicionales y puede llegar a ganar hasta $15.000 más, entonces termina superando el sueldo de los superiores jerárquicos”, y esto genera dificultades a la hora de incentivar a la comandancia, relatando que en plena carrera el personal se vuelca a ser suboficial y no, oficial: “hoy el 90%  del personal son suboficiales y sólo 150 son oficiales”, generando una pirámide chata.

En cuanto a un incremento salarial para la fuerza, reiteró las palabras del Ministro Basanta: “si hay aumento para la Administración Central, yo voy a llamar a la Gobernadora y le voy a decir que quiero un aumento para la Policía, ahora, mientras tanto no”, porque se administra los recursos de todo el estado provincial: “no se puede actuar de manera aislada, porque si no ocurre lo que está pasando, la existencia de islas salariales muy dispares, en detrimento de la carrera administrativa que se perdió por una batalla sindical histórica”.

SUELDO DESDOBLADO

Actualmente, se cobra el sueldo “que tenían los efectivos, previo al inicio del 2016, se mantiene y lo que fue el aumento del Consejo del Salario 2016, se paga en otra etapa”, respondiendo a la situación financiera de la Provincia, y sus ingresos: “la provincia está atravesando una situación financiera complicada, entonces voy a bregar para que cobren, ojalá fuese todo junto, pero, mientras la Provincia no pueda dar una respuesta inmediata a toda la masa salarial, lamentablemente la forma de pago va a tener que ser así”.

500 POLICIAS CON CAUSAS

Hacía cuatro años que no se tramitaba un sumario administrativo: “eso te genera varios inconvenientes, por un lado en el personal, porque está aquel que te dice yo hago las cosas bien y él las hace mal, y tenemos los mismos resultados”.

De lo que va de esta gestión: “Se tramitaron entre exoneraciones, cesantías, y bajas alrededor de 200. Para nosotros no es un placer tener que hacer esto, pero es un deber”. De haberse tramitados los mismos, quizás no hubiesen tenido que enfrentar situaciones como la de un efectivo del interior provincial, al que le llegó sentencia firme por un delito, pero sin prisión por ser la primera vez: “si le hubiesen hecho el sumario, le hubiese correspondido tal vez la cesantía y continuaría cobrando un haber. Hoy a mí no me queda otra opción que la exoneración”, por no haber tramitados los sumarios en tiempo y forma, terminaron perjudicándolo”.

Aseguró que la ausencia de sumarios: “trajo aparejado que deban tramitar exoneraciones  en este corto lapso, como nunca, porque la realidad que no es común la exoneración”. Recordó que al iniciar la gestión, había un efectivo que tenía sentencia y estaba detenido, cobrando como policía porque nadie le había tramitado el sumario. Teníamos familiares de personas que habían perdido la vida, por muerte natural y no podían cobrar los haberes que les corresponde por ley, porque no se había tramitado el sumario y hoy se está iniciando todas esas actuaciones dos, tres, cuatro o cinco años después y la Jefatura se ocupó de desarchivar sumarios administrativos que venía tramitando el personal, desde el 2009 y que fueron cajoneados, por lo que hay muchos que prescribieron”. Entre los casos demorados, había hechos de violencia doméstica y de abuso. Nosotros asumimos el 10 de diciembre y el 16 de enero se expulsaba de la fuerza al narcobombero”.

En cuanto a los efectivos involucrados en distintas causas, son alrededor de 500: “no llega al 10 por ciento de la institución, en términos de la medida. En términos de la sanción, no creo que los 500 vayan a tener una sanción, porque lo que pedimos al Jefe de la Policía que aplique criterios netamente constitucionales”.