El sacudón que se vive en el Gobierno de Santa Cruz por la renuncia del titular de Educación, Roberto Borselli, tiene otra polémica decisión por detrás, al asumir en su lugar la licenciada María Cecilia Velásquez, investigada y señalada por un fraude millonario en la época en la que Alicia Kirchner fue ministra de Desarrollo Social de la Nación.

La hoy gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner tuvo en el Ministerio de Desarrollo Social a la licenciada María Cecilia Velázquez como jefa de Gabinete de asesores durante ocho años.

Alicia K. parece no haber quedado disconforme con Velázquez, ya que ni bien asumió en su provincia, la designó directora de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. El asunto es que ahora Velázquez es la principal cabeza apuntada en una denuncia por defraudación contra la administración pública, por una cifra millonaria, realizada el jueves pasado por la Oficina Anticorrupción.

La presentación del organismo que dirige Laura Alonso se dio a raíz de una auditoría interna que se realizó en Desarrollo Social sobre el manejo de los fondos rotatorios y las cajas chicas, en el período entre julio y diciembre de 2015. Allí se da cuenta de irregularidades en las rendiciones de gastos, como el uso de facturas apócrifas o adulteradas, por $3.327.740, sólo en ese período. La cifra, que puede resultar baja si se tiene en cuenta que el ministerio controlaba miles de millones de pesos anualmente, representa el 40% del total analizado sobre los fondos destinados a "Eventos y Jornadas Sociales”.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, se da cuenta que los auditores internos del ministerio que hoy dirige Carolina Stanley advirtieron facturas por montos abultados e inusuales y procedieron a consultar a los distintos proveedores que las emitieron. Las respuestas que se consignan por parte de varias empresas, en su mayoría dedicadas a la comercialización de equipamiento deportivo, fueron sorprendentes.

"Según la documentación aportada por el proveedor (La Esquina del Deporte), la totalidad de las facturas enunciadas, no corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, sino que fueron emitidas a nombre de consumidores finales, por otros importes y durante el año 2014”, se detalla, al pie de un informe en el que se enumeran seis facturas fechadas en 2015, por un importe cercano a los dos millones de pesos.

Tal como resalta la denuncia, al confrontar con el proveedor, los auditores se encontraron con la novedad de que se trataba de facturas de compras de particulares que habían sido copiadas ó adulteradas y que sólo coincidían en la numeración con los comprobantes que constaban en el ministerio.

En la Oficina Anticorrupción descartan que se trate de un error de expediente ya que, además, el importe y concepto de cada factura es muy distinto al que figura en el expediente que posibilitó su pago. Por caso, la número 00000374 del proveedor citado más arriba, completada en forma manuscrita, es por $ 2.560 y corresponde a la compra de 9 rodilleras, 18 canilleras, 12 tobilleras, 6 musleras, 20 vendas y 3 muñequeras. Mientras, en Desarrollo Social se presentó una con idéntica numeración, aunque realizada en computadora, por $ 247.150. ¿Bajo qué concepto? Quien la adulteró, no tuvo demasiada imaginación: "2800 gorras con dos logos oficiales estampados, 2800 remeras y 450 banderas”, dice el comprobante.

La factura 00000387 es aún más contundente: la original es por apenas $645, mientras que la adulterada es por $479.500. Hay ocho facturas más, de otros dos proveedores, que también habrían sido adulteradas, por más de un millón de pesos.

¿Por qué la OA vincula directamente a Cecilia Velázquez? Señala que la funcionaria de fuertes lazos con Alicia Kirchner era "quien tenía la obligación de rendir cuentas de los montos erogados” en los casos analizados y resalta que "existe prueba suficiente para sospechar que sería responsable de las conductas ilícitas”. Advierte, además, que cada expediente en el que se detectaron irregularidades "posee un informe final de rendición del evento correspondiente donde Velázquez da cuenta que los servicios fueron efectuados en tiempo y forma” y pide que se la investigue por el delito de defraudación contra la administración pública, que prevé una pena de entre dos a seis años de prisión.