Las interpretaciones son libres. Y el reciente informe de un organismo de Naciones Unidas sobre el derrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, no fue la excepción. Tanto la prensa como el Gobierno local hicieron las más variadas lecturas. Lo cierto es que el reporte confirmó que hubo daño ambiental en las zonas más próximas al yacimiento, pero que no afectó a las poblaciones cercanas y que la vida acuática se está recuperando. No obstante, los asambleístas denunciaron que las pruebas fueron hechas por un laboratorio que trabaja para Barrick Gold.

El informe fue realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Lo curioso es que son organismos que en 2014 firmaron un acuerdo con el Gobierno de San Juan por 2.147.346 dólares para fiscalizar la actividad minera. Es decir, que los autores del reporte sobre el derrame son los mismos que estaban encargados de controlar lo que pasaba en Veladero. O sea que no sólo tenían una relación directa con el Ejecutivo sanjuanino, que está siendo investigado por la Justicia Federal, sino que podrían tener algún tipo de responsabilidad en el derrame. Aún así, el trabajo tuvo amplia repercusión local, en general con una mirada positiva.

El trabajo fue elaborado a partir de 165 muestras, que se tomaron a lo largo de 200 kilómetros aguas abajo del derrame, y con las que se hicieron 9.500 análisis. Para estudiar los resultados, se dividió la región en cinco zonas. En las dos primeras, que son las más cercanas a Veladero, se halló que hubo contaminación; en el resto, que no fueron afectadas. Es más o menos lo mismo que reconoció Barrick Gold en el expediente judicial que tramita en San Juan.

Pero la nota la dio la Asamblea Jáchal No Se Toca, que advirtió los estrechos vínculos entre Barrick Gold y ALS CORPLAB, la empresa elegida por la UNOPS para analizar las muestras. Se trata de un laboratorio contratado por la minera en otros proyectos y que se sospecha que tiene a ex o actuales funcionarios de la empresa canadiense entre sus directivos. Incluso encontraron que hay empleados en común.

Pero también protestaron porque “los análisis que se realizan mes a mes por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) constatan otro tipo de datos” que los que arrojaron los análisis de ALS CORPLAB para la UNOPS.